¿Qué hacer ante una ocupación de vivienda?

En los últimos cinco años la ocupación ilegal de viviendas ha crecido un 58% en nuestro país. Es un problema que afecta especialmente a las ciudades y áreas metropolitanas, pero también es frecuente verlo en urbanizaciones y chalets. Si bien de las 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente que se estimaba que había en España a inicios del 2019 más de la mitad corresponden a entidades bancarias, también se producen, cada vez con mayor frecuencia, en viviendas particulares (normalmente deshabitadas).

El perfil del ocupa ha cambiado con los años, pero según un informe de 2017 de la Delegación de Gobierno en Madrid alrededor del 75% de las ocupaciones de vivienda se producía a manos de grupos organizados, dedicados a cambiar cerraduras y a alquilar a otros ocupantes las viviendas a las que han accedido de manera ilegal.

Ante este problema, el año 2018 el Congreso de los Diputados aprobó el llamado ‘desalojo exprés’, o lo que es lo mismo, la Ley 5/2018 para agilizar el desalojo de viviendas de particulares, entidades públicas propietarias de vivienda y a ONG que del mismo modo tienen viviendas a disposición de personas vulnerables. Este cambio normativo, además de crear una vía más rápida ante una ocupación que la que ofrece el derecho penal (el delito de usurpación), supone que se deba resolver el desalojo en un plazo de veinte días y que no sea necesario conocer la identidad de los ocupantes, evitando así la rotación de los mismos para evitar ser notificados personalmente.

Además, las primeras 48 horas desde que se detecta la ocupación son cruciales. Dentro de ese plazo la Policía, o la Guardia Civil, puede desalojar sin necesidad de celebración de juicio. Frente a esta protección muchas veces son los propios ocupas quienes avisan a los agentes antes de que los propietarios se aperciban de la violación de su domicilio para que conste que, de algún modo, llevan allí residiendo varios días y no se pueda aplicar este precepto.

Por ello, y a pesar de que la mejor arma contra la ocupación es la prevención a través de alarmas o refuerzos de cerraduras, conviene detectar y avisar cuanto antes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de intentar practicar el desalojo y presentar la respectiva denuncia.

No obstante, además de la correspondiente actuación policial, es conveniente siempre contar con el asesoramiento legal de un abogado, pues como se ha indicado, las primeras horas son cruciales y la agilidad a la hora de presentar la demanda adecuada a cada caso también.

Por último, conviene destacar que frente a las ocupaciones de viviendas propiedades de entidades bancarias, que como se ha dicho quedan fuera de la Ley 5/2018, las Comunidades de Propietarios pueden instar igualmente un procedimiento de desahucio por dos vías, tanto consiguiendo que se reconozca su legitimidad como parte actora como por medio de una demanda ante casos de okupas especialmente incívicos en base a los artículos de la Ley de Propiedad Horizontal que habilitan a actuar contra ellos.

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